Santa Cruz de Moya y la Memoria de la Resistencia Antidictatorial

Dr. Igor Goicovic Donoso

En Chile, el proceso operó de manera similar. Ciento de chilenos empuñaron las armas el mismo 11 de septiembre de 1973 para resistir el golpe de Estado que derrocó el gobierno legítimo de Salvador Allende Gossens. Miles más se fueron sumando a la resistencia antidictatorial en los años posteriores. Incluso algunos de ellos contribuyeron de manera notable a los procesos revolucionarios que se vivieron en Centroamérica entre 1979 y 1986. Cientos de estos militantes revolucionarios perdieron la vida en la lucha contra la Dictadura, mientras que otros, tras ser brutalmente torturados, fueron encarcelados y purgaron muchos años de prisión. Es más, inaugurada la transición a la democracia en marzo de 1990, estos combatientes continuaron recluidos y muchos de ellos recuperaron la libertad a través de indultos presidenciales que les conmutaron las penas de presidio por extrañamiento. Hasta el día hoy varios de ellos permanecen en el exilio.

Santa Cruz de Moya y la Memoria de la Resistencia Antidictatorial

Dr. Igor Goicovic Donoso  (Tomado de G80)

El domingo 3 de octubre de 2010 cientos de personas, muchas de ellas nonagenarias, se desplazaban con dificultad por las laderas escarpadas de las serranías que circundan el ayuntamiento de Santa Cruz de Moya, Provincia de Cuenca, Comunidad de Castilla La Mancha. Su objetivo: Acceder hasta el Monumento al Guerrillero Español. Este sacrificado peregrinar era el corolario de las 22 Jornadas que la Asociación la Gavilla Verde viene realizando en esa localidad manchega desde 1988. En torno a esta actividad se reunieron cientos de personas, blandiendo con orgullo la bandera de la Segunda República Española. Cientos de personas desafiando  a los fascistas disfrazados de demócratas y a los vacilantes y timoratos de ayer y de hoy. Cientos de personas dispuestas a dar la batalla por la memoria.

Pero, ¿qué está en juego en las abruptas serranías de Santa Cruz de Moya? Fundamentalmente la recuperación de la memoria histórica de las guerrillas antifranquistas, constituidas en el momento mismo en que se produjo la sublevación fascista en España (el 17 de julio de 1936). Efectivamente, miles de hombres y mujeres en la retaguardia del denominado bando nacional tomaron las armas para defender la República y las conquistas sociales y políticas que la clase trabajadora había alcanzado en España a partir de la instauración de la Segunda república en abril de 1931. Estos mismos hombres y mujeres se negaron a aceptar la derrota de la causa republicana en abril de 1939 y se mantuvieron alzados en armas a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. A partir de octubre de 1944 estos combatientes se vieron reforzados por los maquis españoles que participaron de la resistencia contra los ocupantes nazis en Francia. Abandonados por los aliados (Francia, Gran Bretaña y EE.UU.), que a su vez reinventaron a Franco como paladín del mundo occidental, estos resistentes antifranquistas fueron brutalmente reprimidos por los fascistas. Miles fueron ejecutados sumariamente o purgaron muchos años de prisión en las mazmorras de la dictadura; pero cientos de ellos, también, cayeron en desigual combate.

El ciclo de la lucha guerrillera inaugurado en 1936 se cerró con una aplastante derrota para los revolucionarios hacia 1952. No obstante, la mayoría de los combatientes que sobrevivieron a la guerra civil y a la fase de resistencia guerrillera, se sumaron a las movilizaciones populares, que a partir de la década de 1960, demandaban el término de la Dictadura y la democratización del país. Estos hombres y mujeres ejemplares volvieron a poner a disposición de la causa popular sus vidas y sus libertades; participaron de la reconstrucción del movimiento sindical, contribuyeron a la reorganización de las organizaciones políticas, articularon y movilizaron las barriadas populares, editaron y distribuyeron prensa clandestina, demandaron amnistía para los miles de presos políticos de la Dictadura, se movilizaron en las calles y enfrentaron a la represión.

Existe una evidente continuidad histórica entre las transformaciones sociales, económicas y políticas que encarnó la Segunda República Española y la lucha por la recuperación de la democracia. Ello tiene que ver, en primer lugar, con la consecución de reivindicaciones fundamentales en la década de 1930, como la reforma agraria o el derecho a la participación política. Estas conquistas, avasalladas por el franquismo, estuvieron a la orden del día en las diferentes expresiones de resistencia antidictatorial desplegadas en las décadas posteriores. Efectivamente, la Segunda República creó las condiciones sociales y políticas para la multiplicación de la participación popular y, junto con ello, abrió en abanico las opciones de la transformación revolucionaria. Fue precisamente la radicalización política experimentada por el campo popular la que precipitó el brutal golpe de Estado que los facciosos dieron en julio de 1936, y que más tarde operó como argumento político para explicar la violencia del accionar represivo. No cabe duda que las transformaciones ejecutadas por la República y aquellas que se hacían previsibles en un escenario de revolución social, herían los intereses de los latifundistas, la burguesía industrial, la casta militar y del grueso del parasitismo clerical. Esta fue, precisamente, la élite dirigente que estimuló el golpe de Estado, que azuzó la represión política y que medró de la Dictadura durante prácticamente 4 décadas.

La movilización popular que abrió las compuertas a la democracia en España se fundó, precisamente, en el restablecimiento de las conquistas alcanzadas durante la Segunda República y en la liquidación de todo resabio del pasado fascista. No obstante la transición a la democracia escamoteo esas aspiraciones y otorgó licencia de demócratas a los testaferros de la Dictadura. En ese contexto, los combatientes antifranquistas, sus reivindicaciones y la épica de su lucha, fueron relegados al olvido.

En Chile, el proceso operó de manera similar. Ciento de chilenos empuñaron las armas el mismo 11 de septiembre de 1973 para resistir el golpe de Estado que derrocó el gobierno legítimo de Salvador Allende Gossens. Miles más se fueron sumando a la resistencia antidictatorial en los años posteriores. Incluso algunos de ellos contribuyeron de manera notable a los procesos revolucionarios que se vivieron en Centroamérica entre 1979 y 1986. Cientos de estos militantes revolucionarios perdieron la vida en la lucha contra la Dictadura, mientras que otros, tras ser brutalmente torturados, fueron encarcelados y purgaron muchos años de prisión. Es más, inaugurada la transición a la democracia en marzo de 1990, estos combatientes continuaron recluidos y muchos de ellos recuperaron la libertad a través de indultos presidenciales que les conmutaron las penas de presidio por extrañamiento. Hasta el día hoy varios de ellos permanecen en el exilio.

La más brutal de las paradojas radica en que quienes formaron parte del aparato político de la Dictadura Militar, y que por ende poseen responsabilidad a lo menos moral en los crímenes del régimen, recibieron durante la transición las mismas credenciales de demócratas que los herederos del franquismo en España. Por el contrario, quienes combatieron a la Dictadura con las armas en la mano enfrentan dramáticas vicisitudes: Algunos son rotulados de terroristas y enfrentan episódicamente el acoso de los organismos de seguridad; otros aun permanecen exiliados debido a la prohibición de ingreso contenida en los indultos presidenciales; están también los que participaron en acciones armadas fuera de Chile y actualmente se encuentran encarcelados en Perú y Brasil; por último se encuentran aquellos a los cuales el Estado y la justicia chilena pretende repatriar para encarcelarlos nuevamente en el país.

El problema central en los dos casos remite a la batalla por la memoria. Y este es un campo de batalla eminentemente político. Quienes nos han escamoteado la validación del legítimo derecho a la resistencia armada a la tiranía, son los mismos que ayer colaboraron y se beneficiaron de los  regímenes dictatoriales; coadyuvados por aquellos otros que no tuvieron el coraje político de sepultar todo resabio de la institucionalidad dictatorial. Esta alianza espuria, cobijada al amparo del Estado de derecho burgués, hace tabla rasa de las conquistas sociales, económicas y políticas del campo popular y, concordante con ello, niega legitimidad histórica a las luchas populares. Sabe perfectamente que ellas constituyen un aprendizaje y una experiencia que las actuales y futuras generaciones de combatientes populares incorporan a su acerbo político. No sólo se trata de recuperar a nuestros héroes, sus combates y los programas que animaban sus luchas, se trata, fundamentalmente, de validar una estrategia de poder en la cual la violencia política se convierte en un componente insoslayable. Se lo debemos a la memoria de los guerrilleros antifranquistas y a la memoria de los combatientes antidictatoriales.

Para Pepe Navarro, combatiente de la Agrupación Guerrillera Levante Aragón (AGLA)
Santa Cruz de Moya, 3 de octubre de 2010

Dr. Igor Goicovic Donoso
Director Magíster en Historia
Departamento de Historia

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