El salvataje de la institucionalidad neoliberal y la debilidad de la izquierda

Nico Fuentes 

reforma o revolucionContrariamente, en la izquierda de nuestro país, no existe la misma conciencia de la profundidad de la crisis del capitalismo. Predomina un reformismo, que sigue atado en buscar respuestas dentro de una institucionalidad diseñada para reproducir la concentración del capital, el saqueo de nuestros recursos naturales y una política exterior pusilánime al servicio del imperialismo. En un escenario, donde ha quedado claro que todas las instituciones son corruptas, que están al servicio del empresariado y del bolsillo de politiqueros de poca monta, es ingenuo e irresponsable pensar que se puede revertir una crisis estructural del sistema, utilizando las mismas instituciones que lo reproducen, y que hacen posible extender su agonía.

El salvataje de la institucionalidad neoliberal y la debilidad de la izquierda

Nico Fuentes 

En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de medidas concretas, destinadas a salvaguardar la institucionalidad del modelo de acumulación chileno, ejecutadas con total descaro por los administradores del sistema, que desde el gobierno, los partidos políticos, el parlamento y el empresariado, defienden los intereses de la casta que ha gobernado Chile ininterrumpidamente, desde el 11 de septiembre de 1973.

El casi nulo avance en los casos de financiamiento ilegal de la política (Penta, Soquimic, Corpesca y otros); la denominada “Ley Mordaza a los Fiscales”, aprobada en el Senado, que establece cárcel para quienes violen el secreto de las investigaciones y filtren información a los medios de comunicación, y la Nueva Ley de Transparencia que reduce a sólo dos años el plazo para investigar los delitos electorales, demuestra la existencia de un acuerdo político transversal del gobierno de Michelle Bachelet y la clase política chilena para imponer la impunidad en los casos de corrupción y defender el modelo neoliberal.

Un ejemplo claro, son los dimes y diretes entre el Fiscal Nacional Jorge Abbott y el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, quienes deslindan responsabilidades, el uno en el otro, para explicar lo inexplicable: que todavía no se presentan querellas contra la mayoría de los políticos involucrados en el financiamiento ilegal de campañas. Abbott señala que mientras el SII no presente querellas, la Fiscalía Nacional no puede actuar. Por su parte, Barraza dice que no es responsabilidad del SII presentar querellas. Una comedia de equivocaciones representada de manera ejemplar por estos dos tartufos de la escena nacional, nombrados en sus cargos por Michelle Bachelet para evitar que los corruptos, entre ellos su hijo y la nuera, respondan ante la justicia.

Pero Abbott, ha ido mucho más lejos en su afán por responder de buena manera a la confianza depositada en él por la Presidenta de la República y los parlamentarios de derecha y de la Nueva Mayoría. Sus últimas declaraciones, donde manifestó que la labor de la Fiscalía es resguardar el interés de las instituciones públicas republicanas, son elocuentes. “Debemos ser muy cuidadosos en el resguardo de las instituciones”, señaló. “Las responsabilidades penales son personales, no institucionales, y en eso tenemos que ser particularmente respetuosos de no afectar la institucionalidad de la República”, sostuvo.

Extraño raciocinio el de Abbott, porque al autoproclamarse como defensor de la institucionalidad vigente, renuncia a cumplir con la misión de la Fiscalía Nacional que según se indica expresamente en la página web de la entidad, tiene dos frentes de acción: la investigación y persecución penal de los delitos y la atención y protección de víctimas y testigos. Ello significa que el país tiene un Fiscal Nacional, cuyo objetivo no es investigar e impartir justicia, sino resguardar instituciones públicas espurias, como el parlamento, donde sus miembros, actúan al servicio del empresariado nacional y trasnacional, a cambio de importantes sumas de dinero.

Pero, ¿es en verdad tan extraño el raciocinio y el accionar de Jorge Abbott, por cuya boca habla el establishment nacional? Claramente no, y nos permite constatar dos cosas: la conciencia que tiene el poder hegemónico de la profunda crisis que vive el capitalismo y sus instituciones en Chile y en el mundo, y ese sentido de clase que caracteriza a la oligarquía chilena, a la hora de cautelar sus privilegios. Históricamente ha sido así: han actuado utilizando la estrategia de la “zanahoria y el garrote”, la misma usada por el imperialismo yanqui, en su relación con los países de América Latina y el resto del mundo.

Los capitalistas saben que la crisis del sistema es estructural, y que la única manera de preservarlo, es actuando como siempre lo han hecho: mintiendo, robando, y si es necesario, asesinado a aquellos que amenacen sus intereses. El capital no está dispuesto a perder tajada y actúa en consecuencia. No acepta reformas profundas en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, y tampoco las reformas tibias que impulsa la Nueva Mayoría en Chile.

Contrariamente, en la izquierda de nuestro país, no existe la misma conciencia de la profundidad de la crisis del capitalismo. Predomina un reformismo, que sigue atado en buscar respuestas dentro de una institucionalidad diseñada para reproducir la concentración del capital, el saqueo de nuestros recursos naturales y una política exterior pusilánime al servicio del imperialismo. En un escenario, donde ha quedado claro que todas las instituciones son corruptas, que están al servicio del empresariado y del bolsillo de politiqueros de poca monta, es ingenuo e irresponsable pensar que se puede revertir una crisis estructural del sistema, utilizando las mismas instituciones que lo reproducen, y que hacen posible extender su agonía.

Da vergüenza decirlo, pero una visión bastante más clara tiene el experto en educación, Mario Waissbluth – que no es un hombre precisamente de izquierda -, cuando plantea su indignación por la nueva Ley de Transparencia, que rebaja la prescripción de los delitos electorales a apenas dos años. Cabe señalar, que la ley ya tiene como primer beneficiado al ex senador socialista Carlos Ominami, que justamente fue sobreseído utilizando la triquiñuela de la prescripción. El político estaba formalizado por tres delitos tributarios: facilitar facturas falsas, realizar declaraciones maliciosamente incompletas y hacer maniobras para aumentar créditos IVA.

Al respecto, Waissbluth no escatimó adjetivos para expresar su molestia al señalar que “estos weones no tienen limite en su frescura de raja”. Tras pedir las disculpas correspondientes por el lenguaje utilizado, continuó diciendo que “más encima quieren penalizar las filtraciones y meter a la cárcel a los que entreguen información al público”, sostuvo. A renglón seguido propuso concentrarse en una única y primera reforma constitucional: república semi-parlamentaria y llamado a elecciones generales para renovar todo el Congreso y elegir un primer ministro. “Hay que refundar el sistema político porque ya no tiene arreglo posible”, sentenció.

Si bien Waissbluth no plantea como alternativa terminar con el capitalismo, que es la única solución real a los problemas de Chile y de la humanidad, va bastante más allá en su análisis, que la mayoría de la izquierda. Una izquierda, que se niega a asumir un rol protagónico en la construcción del socialismo, y que por el contrario, continúa coqueteando con la institucionalidad impuesta por el capital.

 

 

 

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