¿Condenados a la Silla Eléctrica por la Nueva Ley?

Claudio Lara Cortés (ELAP-Universidad ARCIS)

  Con otro apagón nacional y con los precios de la energía por las nubes, la industria eléctrica ha estado nuevamente en el centro de las noticias. La Comisión Nacional de Energía (CNE) anunció a mediados de julio un alza de 8,1% en las cuentas de la luz, la más alta en los últimos dos años.

 Esta medida tendrá un efecto directo en la inflación de agosto al aumentar entre dos o cuatro décimas el Índice de Precios al Consumidor (IPC), afectando directamente el poder adquisitivo de las personas y la competitividad de las empresas. No obstante, el impacto más fuerte en la inflación se está dando más bien por un efecto multiplicador permanente, ya que la llamada “Ley Corta II” de 2005 incorporó un sistema más rápido de traspasar a precios, los crecientes costos de generación (y no cada seis meses, como antes), algo similar a lo que ocurre con los combustibles.

 En una mirada de mediano plazo, entre 2005 y 2009, los precios de la electricidad han acumulado un incremento espectacular de un 57,7%. Esta alza no sólo supera por lejos a la registrada por el IPC general para igual período (19,8%), sino además, a la anotada por la misma electricidad entre 1999 y 2004 (31,3%). Preocupa constatar que los crecientes costos de la energía afectan cada vez más a la economía del país y su competitividad, especialmente a los rubros e industrias más intensivas en consumo eléctrico. Por esta razón, la Cámara de Comercio de Santiago llegó a estimar entre 0,5 y 1 punto porcentual el menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por año e incluso algunos analistas lo proyectan derechamente en un punto porcentual para el largo plazo.

 Los trabajadores también están preocupados, puesto que el señalado incremento en el precio de la electricidad más que cuadriplicó el aumento de los salarios reales durante el período 2005-2009. Esto significa que los trabajadores tienen que asignar una parte cada vez mayor de su ingreso salarial al pago del servicio de electricidad, ni hablar de la parte destinada a pagar bienes o servicios básicos que trasladan a precio/tarifa los mayores costos de la energía (el Metro, por ejemplo).

 Pero la pesadilla mayor con las cuentas de luz la sufren los dos millones y medio de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza. Según la Comisión Nacional de Energía (CNE), si un cliente residencial promedia un consumo de 150 kilowatts por hora, la factura mensual en agosto será de 20.110 pesos, aumentando más de 2.000 pesos. Este monto significa casi la mitad del ingreso mensual básico de una familia ‘pobre rural’ y casi un tercio de una ‘pobre urbana’, de acuerdo a los datos entregados recientemente por la encuesta CASEN 2009. Téngase en cuenta, además, que las tarifas eléctricas son más elevadas en las zonas rurales que en las grandes ciudades. Queda así en evidencia el aporte hecho por el ‘mercado eléctrico’ liberalizado al aumento del flagelo de la pobreza en nuestro país. Para peor, el gobierno ha descartado por ahora un posible subsidio a las familias pobres por el alza de las tarifas eléctricas.[1]

 A nivel internacional, puede decirse que Chile tiene hoy la electricidad más cara de América Latina, no sólo en cuanto a los precios de generación, sino también en las cuentas que pagan las personas mes a mes (descontando tal vez a Uruguay en este caso). Incluso superaríamos en precios a Estados Unidos según el economista Manuel Cruzat Valdés. El precio que pagan los hogares chilenos más que duplican los de un estadounidense.[2]

 Cabe destacar, que las últimas alzas anunciadas por la CNE se enmarcan dentro del nuevo esquema de precios de la electricidad que comenzó a operar, a partir del 1 de enero de 2010 para el 90% del sistema eléctrico nacional. Éste considera los precios de los contratos suscritos por las empresas distribuidoras, que fueron producto de las licitaciones de suministro, efectuadas en conformidad con lo establecido en la ‘Ley Corta II’ del año 2005. Claro que las licitaciones no se hicieron en el escenario de competencia que supone la ley, puesto que los tres oligopolios que concentran la generación – Endesa, Colbún y Gener – presionaron para que los contratos tuvieran validez por un mínimo de 10 años y hasta por 15 años.[3]

 Además, como existe plena libertad en la fijación de precios, los oligopolios generadores han “seleccionado los indexadores a su conveniencia”, según el consultor Francisco Aguirre. En el último proceso, escogieron los que más se incrementan y no los que reflejan su estructura de producción. Así, en las primeras licitaciones del 2006, Endesa usó como indexador el GNL y Colbún el diésel. En las licitaciones de 2008, las empresas aparentemente se habrían coludido para usar como único factor el Índice  de Precios del Consumidor (CPI) de Estados Unidos -“una variable que sólo sube”-, situación que nunca antes había ocurrido. Por eso, señala Aguirre, los precios están distorsionados al alza” y tendremos “electricidad cara desde el 2010 hasta cuando se terminen los contratos la próxima década o el 2025”.

 Como se ve, las elevadas tarifas que estamos condenados a pagar por 10 a 15 años poco o nada tienen que ver con la crisis del gas natural que venía desde Argentina y con los altos valores internacionales de los combustibles, como quieren hacernos creer ‘expertos’ en el tema, entre ellos, Vivianne Blanlot. Más allá de los mayores costos de la matriz energética, no pueden obviarse los abusos cometidos por las empresas dominantes en las licitaciones realizadas hasta ahora. El ya citado Cruzat Valdés apunta a que éstas han resultado finalmente en “una colusión implícita entre los pocos generadores, donde las distribuidoras no tienen grados de libertad ni incentivos para reducir costos por energía, generando así precios que no se condicen con condiciones competitivas”. Por lo demás, según las estimaciones de este mismo economista, los sobreprecios impuestos (calculados en 35%) “significarían una transferencia neta del consumidor al generador por un período de hasta 15 años de cifras cercanas a los 1.680 millones de dólares anuales”.

 Este abuso escandaloso pareciera ser mucho más grave, ya que Cruzat Valdés omite de manera inexplicable una de las características inherentes del sistema eléctrico: la integración vertical, donde unos pocos grupos oligopólicos operan en los tres sectores de la electricidad (generación, transmisión y distribución). Al respecto, es necesario recordar que en la actualidad Endesa Chile, el mayor generador eléctrico del país, es filial de Enersis, que también participa en la distribución a través de Chilectra, actor dominante en la Región Metropolitana. Hasta el año 2000, integraba además la transmisión eléctrica, cuando vendió su filial Transelec. Por su parte, la Compañía General de Electricidad (Grupo CGE), integra tanto la generación como la transmisión y distribución eléctrica. A través de sus filiales, es responsable del 31% de la energía eléctrica suministrada en Chile (46% de los usuarios) y su subsidiaria CGE es la principal responsable del negocio de transformación y transporte de energía eléctrica, con alrededor del 25% de la potencia instalada de transformación y aproximadamente el 40% de las líneas de subtransmisión del Sistema Interconectado Central (SIC) (Estrategia, 26/07/2010). En este escenario, ¿usted cree que en los procesos de licitación Chilectra ha comprado electricidad a Endesa a precios de mercado competitivos, sin que exista colusión entre ellas?

 En suma, la consolidación de la integración vertical oligopólica y los resultados de las licitaciones, demuestran el rotundo fracaso de la ‘Ley Corta II’, que pretendía  introducir mayor competencia en la industria para obtener menores precios en electricidad. La afirmación hecha por el ex ministro de Energía, Marcelo Tokman en 2007, cuando planteó que los “precios serán más altos en el corto plazo, pero debieran comenzar a bajar a partir de 2010”, no se han cumplido ni se cumplirán al menos por los próximos quince años.

 Lo que sí logró esta ley fue introducir considerables márgenes de libertad para los grupos oligopólicos en la fijación de precios y tarifas, junto con normas que aseguran nulos riesgos empresarios, como la indexación de tarifas por el índice de precios de Estados Unidos.[4] Cualquier persona con sentido común se preguntará el por qué los consumidores y usuarios chilenos deben afrontar y absorber localmente el ritmo inflacionario del país del norte. ¿Por qué no ocurre lo mismo con los salarios u otros precios? Es difícil encontrar una respuesta, pero si está claro que estos verdaderos ‘privilegios’ han permitido a los conglomerados eléctricos maximizar sus rentabilidades extraordinarias durante los últimos años. Solo un dato de muestra, en 2009, año de recesión económica y de aguda deflación, con aumentos considerables en los niveles de pobreza y desigualdad social, las empresas eléctricas registraron ganancias de 2.809 millones de dólares. De esta forma, el rubro eléctrico saltó al segundo lugar en la lista de utilidades, desde el tercero que ocupaba en 2008, desplazando a la industria.

 No contentos con tales privilegios, los conglomerados eléctricos además minimizan sus inversiones, continúan externalizando tareas, despidiendo trabajadores y profundizando la precarización laboral. Tampoco realizan los mantenimientos necesarios para abaratar costos y se sobreexplota la red al máximo de su capacidad técnica. Un reciente estudio del Centro de Despacho Económico de Carga del SIC –organismo empresarial que coordina la operación del sistema eléctrico- detectó 13 tramos sin capacidad suficiente para transportar la energía que se necesitará en los próximos años. Ello demuestra la urgencia de nuevas inversiones. Esta vulnerabilidad en el principal tendido eléctrico del país, no es un eventual problema futuro. El pasado  miércoles 28 de julio el SIC sufrió la tercera falla en menos de diez días y la cuarta en cuatro meses, dejando sin luz a gran parte del país.

 En medio de tantos apagones y abusos, ¿estamos condenados a seguir aceptando este sistema eléctrico impuesto desde la oscuridad de la dictadura? Ahora en democracia, ¿le informaron a usted como usuario o consumidor el contenido de la Ley Corta II? ¿le consultaron su opinión para aplicarla? ¿No será hora de pensar en un modelo de servicio público que considere a la energía como un derecho humano, capaz de asegurar la universalidad del acceso a la energía, la estabilidad de tarifas justas y la continuidad del servicio?

 Claudio Lara Cortés (ELAP-Universidad ARCIS)


[1] De acuerdo a la normativa que rige al sector eléctrico, el gobierno si así lo estima, puede entregar un subsidio a los hogares de menores ingresos cuando el incremento de las cuentas supera el 5% durante un período de seis meses o más, pero no tiene la obligación de hacerlo. Debe tenerse en cuenta que con la entrada en vigencia de los nuevos contratos, como ya fuera señalado, el precio de la electricidad va a estar sujeto a cambios constantes, por lo tanto no se puede asegurar que la última variación de 8,1% sea estable en el tiempo.

[2] Allá se paga alrededor de 11 centavos de dólar por kilowat/hora (KWh) y en Chile, sobre 22 centavos.

[3] A junio 2010, Endesa generó un 39,4% de la energía del sistema, mientras que Colbún y Gener fueron responsables de un 23,7% y 19,1%, respectivamente. En suma, estos tres oligopolios explican el 82,2% de la energía total del Sistema Interconectado Central.

[4] Incluso, debe tenerse en cuenta que la ley actual establece que si los precios máximos en las bases de licitación son considerados muy bajos por los oligopolios generadores, pueden no concurrir al proceso, declarándose éste desierto.

 Claudio Lara Cortés (ELAP-Universidad ARCIS)

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